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Las decisiones que tomen los órganos gubernamentales siempre repercutirán en la vida de los habitantes de dicho país. Las políticas impositivas no son la excepción y tienen un impacto directo en la actividad económica y el empleo. En el caso de Bolivia, la autoridad que regula el sistema tributario es el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
En estos momentos en los que las economías buscan florecer luego del duro golpe que significó la pandemia del COVID-19. Los incentivos que puedan tomar los gobiernos tendrán un efecto en la recuperación, es por ello que toda medida es bienvenida en ese sentido.
Con el objetivo de aumentar la actividad del aparato productivo, las autoridades bolivianas establecieron una serie de beneficios impositivos para generar un crecimiento en las inversiones. La Ley 1391, promulgada en agosto del 2021, plantea la exención del IVA a algunos ítems y la Tasa Cero a otros.
Según explica el Ministerio de Economía y Finanzas en su propio website, esta normativa “reduce a 0% la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para importación de bienes de capital, plantas industriales, maquinaria y equipo destinados a la agropecuaria, industria, construcción y minera, estableciendo el régimen de Tasa Cero para la comercialización de bienes de capital, maquinaria y equipo en el mercado interno”.
Esta flamante ley busca promover las inversiones y darle a la economía boliviana un impulso que ayude a retomar la senda del crecimiento. Que ha demostrado con bastante frecuencia en los últimos años.
Escrito por Pablo Ortiz.
