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La relación de la tecnología con los seres humanos ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo desde la masificación del internet. Llegando a tal punto de influencia que hoy se habla de conceptos como el de hiperconectividad. Por sus innovaciones y desarrollos constantes, la sociedad es dinámica y automatizada como nunca antes.
Pero, para que estos avances puedan tener lugar, además de condiciones que propicien la actividad de la empresa privada, también se necesitan políticas de estado que fomenten procesos como el de digitalización, que, tal como te explicábamos en otro artículo, es un proceso por medio del cual “se transforman tanto objetos como procesos analógicos en digitales. Es la penetración de la tecnología en todas esas actividades y objetos que se hacían manualmente”.
En el camino hacia esa tan ansiada digitalización, en el contexto de la actividad tributaria costarricense, la entidad encargada de llevar adelante estas transformaciones, ya que es la autoridad competente, es el Ministerio de Hacienda. Uno de los máximos exponentes de esta voluntad de digitalización desde el mencionado ente, es la implementación de la Facturación Electrónica en Costa Rica.
Este organismo fue creado en el año 1825, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de toda la región. El decreto por el cual se creó fue el Decreto Ejecutivo LV, promulgado el 14 de octubre del mencionado año. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica ha tenido una labor incesante.
El mismo Ministerio de Hacienda publicó en su website su misión y visión:
“Misión: somos la institución rectora de la política fiscal que garantiza la obtención y aplicación de los recursos públicos, según los principios de economía, eficiencia y eficacia, mediante procesos modernos e integrados, para lograr una sociedad más próspera, justa y solidaria.
Visión: ser la institución líder, innovadora y eficiente en la gestión responsable y transparente de la política fiscal, para propiciar la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica”.
Poder tomarse el tiempo de conocer un poco más de las autoridades que regulan la actividad impositiva, es un sano ejercicio cívico. Puesto que de ello dependen aspectos tan esenciales como la salud, la educación, la seguridad, infraestructura y tantos otros.
Escrito por Pablo Ortiz.
